Los asesinatos extrajudiciales asolan Filipinas

Mientras los países de la Asociación de Naciones del Suereste Asiático, reunidos entre el 10 y el 15 de Enero en Cebú (Filipinas), aporbaban la Convención Regional sobre Contraterrorismo, centenares de filipinos salieron a la calle para denunciar que "gobiernos como el de Gloria Macapagal" usarán la Convención como un instrumento potencial de represión, algo muy peligroso si tenemos en cuenta la situación de los derechos humanos en el país", dijo Renato Reyes, de la organización Bayan.
Desde que Gloria Macapagal Arroyo so convirtiera de las Filipinas en 2001 tras la caída de Joseph Estrada por un levantamiento popular, la situación en el país no ha cesado de agravarse. Entre 2001 y Enero de 2007, 824 personas han muerto víctimas de asesinatos extrajudiciales, 208 se encuentran desaparecidas y numerosas han sido torturadas, según Karapatan, alianza formada por 40 organizaciones de derechos humanos, que ha calificado el año 2006, con 207 muertos, como "el peor para los derechos humanos" desde la caída del dictador Marcos en 1986. Las víctimas de los asesinatos políticos y las desapariciones son principalmente activistas de organizaciones políticas, defensores de los derechos humanos, líderes sindicales, periodistas, campesinos, estudiantes, abogados y clérigos, la mayoría de ellos simpatizantes o activistas en movimientos progresistas. Unos asesinatos tras los que se esconde, según testigos, supervivientes y familiares de víctimas, el brazo ejecutor del ejército.






Ya en 2002, cuando las Filipinas se subieron al carro de "la guerra global contra el terror" lanzada por EEUU, el gobierno puso en marcha el Oplan Bantay Laya (OBL), un plan de contrainsurgencia cuyo objetivo es "derrotar a los grupos armas insurgentes": el grupo islamista Abu Sayaf, el Frente Islámico de Liberación de Moro, y, principalmente, el Partido Comunista de Filipinas-Frente Nacional Democrático de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo, que lleva a cabo una lucha guerrillera desde hace 37 años.
Pero este plan también se dirige a la "neutralización" de las organizaciones de la izquierdalegal, que las Fuerzas Armadas califican como "organizaciones del frente (comunista)", según Karapatan. En 2004, Norberto Gonzales, asesor de Seguridad Nacional y uno de los autores del OBL, incluyó seis partidos de izquierda en la lista de "frentes comunistas". Precisamente el partido Bayan Muna, con tres represnetantes en el Congreso, es, con más de 120 muertos, la organización más afectada por los asesinatos extrajudiciales. "Estar clasificado como miembro de una organización del frente (comunista) y aparecer en la Orden de Batalla (del ejército) contra organizaciones del frente prácticamente constituye una sentencia de muerte. Esto parece concordar con los informes sobre la implicación de tropas del ejército en acosos, amenazas y asesinatos de miembros y líderes de esas organizaciones", explican Dabet Castañeda Alexander M. Remollino, periodistas de Bulatlat. En 2005 salió a la luz el documento interno del ejército "Conociendo al enemigo", en el que se añadía 33 organizaciones de todo tipo en el "frente comunista". "El trabajo de las Fuerzas Armadas es limpiar esas organizaciones", declaró el lugarteniente Teddy Quinzon. Esta "limpieza" se ha saldado con la muerte de 48 periodistas, 70 sindicalistas, 15 abogados, 10 jueces, 23 clérigos...
Además, es en las áreas rurales calificados por el OBL como "prioritarias", y con un amplio despliegue de tropas, donde se han producido la mayoría de los crímenes. Unos 200 asesinados eran campesinos envueltos en la lucha por la tierra y la reforma agraria, y muchos otros han sido víctimas de torturas, saqueos y evacuaciones forzadas. Según nmumerosas denuncias, uno de los mayores responsables de los crímenes es el general Jovito Palparan, conocido por la población como "el verdugo". Palparan, que compareció ante el Comité de Derechos Humanos en Enero de 2006 por supuesta implicación en los crímenes, ha calificado estas muertes de "pequeños sacrificios" dentro de la campaña militar en contra de la insurgencia. Pero las denuncias no han salido adelant, y el general, además de recibir el apoyo de Gloria Macapagal en el discurso sobre el estado de la nación, fue nombrado en Septiembre subdirector de la campaña de contrainsurgencia del Consejo Nacional de Seguridad.
Según la Comisión Asiática de Derechos Humanos (CADH), "las instituciones del Gobierno están mostrando muy pocos sognos de voluntad para hacer justicia". Sólo tras una fuerte campaña internacional contra los crímenes el Gobierno aceptó crear, a mediados de 2006, la Fuerza de Trabajo Usig de la Policía y la Comisión Melo para investigar estos casos. Pero nunguna de las dos goza de la confianza de la población. Según Amnistía Internacional, "los ataques raramente llevan a la acusación, persecución o arresto de los asesinos". De 114 asesinatos estudiados por la Fuerza de Trabajo Usig, sólo ha habido tres detenciones, y nadie ha sido condenado. En cuanto a la Comisión Melo, dirigidad por un antiguo asesor del presidente Diosdado Macapagal (padre de la actual presidenta), es "percibida como un instrumento más creado por el Gobierno para encubrir sus atrocidades", según la CADH.

Según Bayan, "el régimen de Arroyo está haciendo una guerra total contra el movimiento popular (...). El régimen cree que asesinando y acosando a los activistas podrá aterrorizar al pueblo filipino y evitar un levantamiento popular". Mientras se acercan las elecciones legislativas de Mayo y la presidenta trata de aprobar una contestada reforma constitucional y un polémica "ley antiterrorista", las tensiones crecen en un país que ha vivido dos revoluciones populares den 20 años y en el que el amplio movimiento de izquierdas se opone a la sumisión de Filipinas a los intereses de EEUU, las políticas de liberalización del FMi y el BM y la corrupción rampante.
Mientras tanto. y ante el llamamiento lanzado por Hustisya!, recién creada organización de "víctimas del régimen de Arroyo unidas por la justicia", junto a otras organizaciones filipinas, el Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal de opinión internacional que juzga casos de lesa humanidad, ha anunciado la celebración entre el 21 y el 25 de Marzo en La Haya se su segunda sesión sobre Filipinas, tras la que declaró culpable al dictador Marcos en 1980. Esta vez, Gloria MAcapagal, George Bush, el FMI el Banco Mundial y otras instituciones serán juzgados por violacionmes sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de autodeterminación y de liberación del pueblo filipino.