RESOLUCIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCA-SEVILLA CELEBRADO EL 11-3-07 ANTE LAS MOVILIZACIONES DEL PARTIDO POPULAR

(Aprobada por unanimidad)





La celebración del día de ayer de la concentración realizada por el PP en Madrid, precedida de una multitud de concentraciones celebradas en diferentes provincias y ciudades viene a hacer patente lo siguiente:



A diferencia de lo que desde los medios de comunicación afines al Gobierno del PSOE tratan de demostrar, el PP no le está abriendo paso a la ultraderecha. Más bien, en la tensa dialéctica interna en la que el PP se ha venido desenvolviendo en los últimos 10 años, el PP hoy encarna a la ultraderecha ligada directamente al régimen fascista de Franco. Su alianza, demostrada en las recientes movilizaciones, con grupos como Alianza Nacional, Falange y otros, no hace sino demostrar que están intentando consolidar ese espacio político desde las directrices trazadas desde la cúpula dirigente del PP en manos de los famosos Legionarios de Cristo.



La utilización de la simbología “nacional”, con banderas franquistas e himno patrio incluido, el lanzamiento de consignas reivindicando paredones y fusilamientos, y sobre todo la consigna de defensa de la Patria Nacional deja las cosas claras. Aunque para muchos de nosotros siempre lo estuvo. No entendemos como desde altos cargos del PSOE se trata de contemporizar con estas cuestiones, en cualquier caso, para nosotros, las señas (bandera e himno) que se empeñan en reclamar desde el PSOE como de todos, nunca fueron las de los auténticos demócratas de este país que vimos como se perdían nuestras señas de identidad tras el Golpe de estado de 1936.



En este proceso desarrollado por la ultraderecha española, que jamás en la Historia de nuestro país y a diferencia de otras partes de Europa, tuvo la menor tradición democrática, el motivo de la movilización es pura anécdota (la situación penitenciaria de De Juana Chaos). Son otros los objetivos que se han marcado.



Pero hay algunas reflexiones urgentes que se deben hacer por nuestra parte.



En primer lugar, llevamos asistiendo durante mucho tiempo a una reivindicación constante del respeto a las víctimas del terrorismo paraparalizar cualquier iniciativa política sobre la cuestión vasca. Tenemos que aprovechar para recordar que la Transición española se hizo sobre la base de darles un tratamiento ignominioso a todas las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo. Es más, mientras que los verdugos y carceleros de los luchadores por la libertad y la democracia se siguen paseando por nuestras calles en total impunidad y siguen recibiendo honores y tratamientos distinguidos por parte del Estado, a las víctimas se les niegan sus derechos, pensiones, subsidios, reparaciones jurídicas y se implementa una Ley de Memoria Histórica (que hasta para Amnistía Internacional) queda convertida en una auténtica Ley de Punto Final que consolide en inamovible e invulnerable el estatus quo que los fascistas españoles han aquilatado tras casi 30 años desde el cambio de régimen.



Es por ello perentorio que reclamemos el papel de nuestras víctimas y desenmascaremos la hipocresía con la que el PP y el propio PSOE se han venido desenvolviendo hasta ahora.



En segundo lugar, está subyaciendo en el enfrentamiento que protagoniza el PP una reivindicación a la que no podemos estar más tiempo ajenos y que es exprimir las posibilidades que las leyes penales, políticas y penitenciarias españolas permiten para reprimir comportamientos políticos y sindicales.



En 1995 se reformó el Código Penal. En aquel momento, el inefable Diego López Garrido diputado y representante de IU en la comisión de reforma se ufanaba en decir que se estaba dotando a España de la Ley penal que los tiempos futuros necesitaban. Por esa labor recibió las más altas condecoraciones del Estado. Fueron muchas las voces que desde el interno de IU y del PCE reclamábamos que se parara el atropello que se estaba realizando junto a representantes progresistas de la judicatura, la fiscalía y el mundo académico del Derecho. El Código Penal partía de revisar conceptos, que convertían en progresista el anterior CP, y bastaría traer a la memoria el tratamiento que se da a la cuestión del aborto, la inmigración, la desobediencia civil, el papel de la pena y la reinserción, pero sobre todo la amplitud del concepto de terrorismo y la ampliación de los tipos penales de desacato, atentado a la autoridady daños (entre otros).



Al margen de la gravedad de lo que se estaba haciendo se abrió el camino para que el PP en el Gobierno desarrollara la famosa Ley Antiterrorista que suponía ampliar más los tipos penales que permitirían librar la supuesta lucha antiterrorista. Casi todos pensaban que eran medidas para aplicar en el País Vasco, nosotros sabíamos que se aplicaría contra el movimiento obrero y sindical en general, como lo demuestran las imputaciones y condenas impuestas a militantes del Partido y de CCOO constantemente.



Esto nos debe llevar a plantear con urgencia una reforma en profundidadde la legislación penal y la inmediata derogación de la Ley Antiterrorista.



En tercer lugar se está debatiendo, como consecuencia de lo que planteamos más arriba una profunda transformación de la política penitenciaria española. En particular, y tal como plantean diversos organismos de Derechos Humanos internacionales y europeos, hay que recordar que los presos tienen derecho a cumplir su condena cerca de sus domicilios yeso se consagra en la Constitución Españolay demás legislación vigente. Por tanto, hacer lo contrario es crear un estado de excepción que no debemos justificar nunca, porque es indigno utilizar las prisiones para lograr objetivos políticos. Aquí hay que recordar que la famosa política de dispersión de presos se implementó por el Gobierno de Felipe González, también famoso porreinstaurar en España el terrorismo de Estado.



Si a esto añadimos que la Judicatura española está gobernada por los representantes más reaccionarios que los acuerdos históricos del PP y el PSOE han logrado imponer en las últimas décadas, no nos debe extrañar que las actuales interpretaciones que realizan de las leyes sean las más torticeras de la Historia del pensamiento jurídico, asemejándose en fondo y forma a las lecturas que se hacían en los tribunales del III Reich alemán. Baste el ejemplo de la última condena impuesta por la Audiencia Nacionalpor amenazas y rectificada por el Tribunal Supremo.



En cuarto lugar, deberíamos reflexionar más fríamente sobre el devenir del último proceso de negociación entre el Gobierno del PSOE y ETA. En este sentido debemos dejar clara nuestra repulsa a la violencia ejercida por la banda armada que interrumpió con el atentado de Barajas el proceso, como se refleja en los acuerdos de nuestro Comité Federal.



Pero también ha llegado el momento de situar algunas otras cuestiones como son las siguientes.



El fracaso de la negociación también tiene como responsable al Gobierno, en tanto que no se ha atrevido a salirse del guión que sistemáticamente le ha ido escribiendo el PP y que le llevó a una falta total de implementación de propuestas concretas que demostraran que la negociación se basaba en algo más que “gestos y talantes”sostenidos durante más de 9 meses, pero sin acciones. Es conveniente recordar que el PP, como se está poniendo de manifiesto ahora, acercó más presos a Euskadi y aplicó más beneficios penitenciarios en menor plazo que el PSOE en los mencionados 9 meses.



Por otro lado, es grotesco que en medio de un supuesto proceso de negociación se persiga y encarcele a más miembros de las estructuras políticas abertzales que en los últimos tres años (encarcelamiento de jóvenes de Jarrai, cierre de sedes, persecución de reuniones, etc…). Mientras que el Presidente continuaba hablando de gestos, los Ministros de Interior y Justicia no cesaban, en complicidad con lo más reaccionario del Poder Judicial, de obstaculizar el proceso y provocar la ruptura al amparo de la supuesta firmeza democrática. El ex ministro López Aguilar llegó a plantear que se construirían los argumentos necesarios para que De Juana no abandonara la cárcel.



Se quiera o no, el conflicto vasco es un conflicto con una fuerte carga política que exige al menos:



Cumplir con la Ley en cuanto a la situación de los presos.
Derogar la Ley de Partidos para permitir el juego político.
Permitir que se discuta la configuración de España más allá de un concepto de nación española establecido en “Una, Grade y Libre”. A este respecto, es de destacar que la unificación de Euskadi y Navarra en un mismo marco administrativo ypolítico es una aspiración histórica del PCE.






En función de todo lo expuesto, desde el Comité Provincial del PCA de Sevilla planteamos:



Ruptura de toda relación política con el PP por parte de todas las formaciones políticas que se reivindiquen demócratas por configurarse como un auténtico partido fascista
Establecer una amplia movilización en defensa de nuestros muertos, víctimas del fascismo, impidiendo que la Ley de Memoria Histórica del PSOEsea una maniobra para que las víctimas no sean resarcidas y los culpables castigados.
Promover de forma urgente la reforma de las leyes penales y penitenciarias, junto con la derogación inmediata de la Ley Antiterrorista.
Derogar la Ley de Partidos.
Impulsar el más amplio debate político en torno a la cuestión vasca.








En Sevilla, a 11 de de marzo de 2007



http://www.pcasevilla.org/detalle_noticia.php?id=486